Luego de una semana sin sesionar por falta de quórum reglamentario, el Concejo Deliberante Brocheriano volvió a reunirse el miércoles 11 con las ausencias de las concejales Sandra Negro (FC) y Julia Palmero (UCR). Dentro del orden del día no se incluyó temática alguna de carácter legislativo. Se atendió en audiencia al vecino Roberto Calderón - quien volvió a plantear situaciones referidas a la utilización de bienes públicos para fines particulares, la negligencia del ejecutivo municipal en el accidente que le costara la vida a José G. Zalazar y la incertidumbre inmobiliaria sobre el edificio donde funciona el Centro Cultural Honorio Bustos. Además se dio ingresos a misivas remitidas por Javier Irrazábal.
Vista parcial del concejo deliberante en sesión con significativa presencia de empleados comunales
En esta oportunidad el concejo se notificó sobre un oficio judicial en contra del ejecutivo local y de la versión brocheriana del conflicto limítrofe con Mina Clavero.
Por otra parte, un importante grupo de empleados municipales (encabezados por la sub delegada Rita Altamirano de Soria) se hizo presente en el recinto para exponer la situación financiera de un sector de los dependientes públicos que adquiriera créditos con el Banco del Sol en la gestión de Luis Oliva y cuyo estatus deudor no fue saneado ni por la anterior, ni por la actual gestión de gobierno.
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